Sr Presidente de la República:

A la Opinión pública:

Hoy, 5 de junio, Día Internacional de Medio Ambiente, les dirigimos esta carta con gran pesar por lo que está pasando en nuestro país con respecto a la política ambiental. Ya es hora de que la sociedad se entere del gran desastre que existe y los riesgos que se están generando a raíz de las decisiones que este gobierno está tomando o dejando de tomar en materia ambiental.

Quienes firmamos esta carta hemos sido, desde los años 90s del siglo pasado, Secretarios de Medio Ambiente (SEMARNAP y SEMARNAT), Presidentes del Instituto Nacional de Ecología (INE hoy INECC), Procuradores Federales de Protección al Ambiente (PROFEPA), Comisionados de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y Directores de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).

Al efecto nos hemos reunido todos en sana distancia en este día. El día de hoy, la Comisión de Áreas Naturales Protegidas cumple 20 años de haber sido creada. La CONABIO, PROFEPA y el INE 28 años de existencia y la CONAFOR 19. Son instituciones que fueron construidas y fortalecidas por casi tres décadas, con la participación de miles de personas involucradas en el medio ambiente, expertos, organizaciones sociales de ciudadanos, campesinos y académicos, llenos de entusiasmo, expectativas y aportando su mejor esfuerzo. Hoy vemos con dolor y preocupación su desmantelamiento por decisiones del gobierno federal.

Con el debido respeto a su investidura, queremos reclamarle y conminarle, Sr. Presidente, para dejar de minar y desdibujar a las instituciones ambientales de México, y suspender decisiones contrarias al marco legal que nos rige en materia ambiental y a nuestras obligaciones y compromisos internacionales.

Los aquí firmantes hemos sido servidores públicos que, de una u otra forma, hicimos nuestro mayor esfuerzo por ir subiendo el nivel de cumplimiento de las leyes ambientales. Hemos posiblemente tenido aciertos y seguramente hemos también tenido errores. No queremos, sin embargo, defender el pasado; lo que queremos es ver hacia el futuro, ya que de eso depende el bienestar y el progreso de México.

Las instituciones ambientales del México de hoy se crearon a partir de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro en 1992. Se basaron en el concepto de desarrollo sustentable, que implica lograr precisamente el bienestar de los pueblos en lo económico y social, sin olvidarse de proteger la naturaleza y los ecosistemas, respetando los derechos de las futuras generaciones. Este concepto se acuñó como resultado del Informe Brundtland, llamado también Nuestro Futuro Común. De ese tiempo data la SEMARNAP ahora SEMARNAT, institución central en la materia y alrededor de la cual se desarrolla la política ambiental en México y el mundo. Las demás instituciones van naciendo a partir de ese entonces respondiendo a las necesidades de nuestro país y, si bien faltaba mucho por hacer, México había ido progresando relativamente en varios rubros. Aunque se requería apretar en el cumplimiento de las leyes y modernizar diferentes cuestiones para afrontar nuevos retos, el país venía por buen camino y con presupuesto y voluntad política podría haber avanzado en forma adecuada.

Que no quepa la menor duda: la erosión de las instituciones ambientales impedirá enfrentar los grandes retos globales que enfrenta la humanidad; esto es, el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. Nuestro país, desde la negociación del Convenio Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, luego en el Protocolo de Kyoto, seguido después en la reunión en Cancún y después en la COP de París, ha sido sumamente activo y siempre ha cumplido con sus compromisos y obligaciones internacionales. Tenemos ya un marco legal en materia de Cambio Climático de vanguardia frente a la comunidad internacional. En ello fuimos, hasta ahora, líder internacional. En la actualidad, con las políticas que se están impulsando, hemos retrocedido al menos 40 años. Nuevamente se da prioridad a la producción de energía mediante combustibles fósiles y gasolinas frenando la inversión en energías limpias y renovables.

Además, la producción de gasolina en las refinerías existentes y en la que se construye en Dos Bocas con el petróleo pesado mexicano, con un gran contenido de azufre, implica acumular como residuo enormes cantidades de combustóleo, el cual será quemado en las termoeléctricas de la CFE, haciendo a un lado al gas natural, combustible mucho más limpio. Ya lo estamos sufriendo incluso ahora con la termoeléctrica de Tula (Hidalgo) operando con combustóleo y su impacto en la calidad del aire en la CDMX y los estados de Hidalgo, México, Morelos y Querétaro. Esto provocará daños directos en la salud pública, en la calidad de vida y, a fin de cuentas, en el bienestar de muchos millones de mexicanos.

Las medidas que la Secretaría de Energía ha tomado con las últimas decisiones del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) para favorecer a la CFE en la producción de la energía eléctrica y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para aumentar los cobros de transmisión a las empresas de energías limpias, impedirán el cumplimiento de nuestra legislación y del compromiso internacional de llegar a tener el 35% de energías limpias para el 2030. Además, los amparos promovidos contra estas decisiones por las empresas energéticas que ya estaban establecidas, enfrascarán al gobierno en demandas millonarias, con costos muy elevados para las finanzas públicas.

Las medidas mencionadas desincentivarán a la necesaria inversión privada en energías limpias en el futuro próximo, y el gobierno ha disminuido su inversión en ellas al no tener los recursos ni las tecnologías necesarias. En este sentido, sería muy lamentable que, como resultado de todas estas políticas inadecuadas y del consecuente aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero del país, México tuviera que renegociar las metas de reducción de dichos gases dentro del Convenio de Cambio Climático y poner límites a otras actividades económicas prioritarias.

La CONAFOR, por su parte, perdió más del 65% de su presupuesto, lo que ha limitado drásticamente su capacidad de atención de incendios forestales y la reforestación. Sembrando Vida no es un programa de reforestación por lo que esta acción necesaria está quedando sin atenderse. Los recortes presupuestales en la CONAFOR obligaron a disminuir programas de incentivos para la conservación y el apoyo a las comunidades campesinas forestales y al sector productivo forestal en general. México tiene un gran potencial de recursos forestales y las políticas de fomento forestal se han visto afectadas por no contar con los recursos financieros.

Hoy como nunca vemos con preocupación el desmoronamiento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) por recortes presupuestales. Esta situación ha limitado en forma ya escandalosa la efectividad de esta institución para proteger la gran riqueza natural de nuestra nación y el control de las emisiones contaminantes. Hoy a la PROFEPA se le percibe ausente para atender y manifestarse, como le corresponde, ante irregularidades y para frenar la tala de selvas y bosques. Este desmantelamiento ha llegado a tal grado que la institución parecería negligente en la protección del patrimonio natural de México.

El instrumento de Impacto Ambiental es, quizás, la más importante herramienta en nuestro marco jurídico para prevenir que los proyectos tengan efectos negativos en el medio ambiente. No es perfecto, pero ha mejorado al paso del tiempo y se debería seguir afinando. Debería por tanto aplicarse en los proyectos de inversión pública con toda pulcritud, e igual debemos hacer con los programas de ordenamiento ecológico del territorio y con las normas ambientales. Nos preocupa en especial que los principales proyectos del actual periodo de gobierno hayan iniciado sin las debidas autorizaciones de impacto ambiental, o con estudios improvisados y sin aplicar correctamente las normas ambientales. Con esto se está enviando la lamentable señal al resto de la sociedad de que la normatividad puede eludirse o incumplirse en una invitación hacia la impunidad. Además, las consultas a la población y, sobre todo, a los pueblos originarios se han distorsionado, violando derechos establecidos, como ocurre, entre otros, en el caso del proyecto «Tren Maya».

La Comisión Nacional del Agua, institución indispensable para el bienestar de la población y para la protección de nuestros recursos hídricos, ha sufrido también una disminución de su presupuesto en más de dos terceras partes y ha perdido una parte importante en su personal especializado. Los recortes presupuestales dejan prácticamente sin dinero a los municipios y a los organismos operadores de agua que, de acuerdo con el Artículo 115 de la Constitución, dependen de los municipios y están encargados de los servicios de agua potable y saneamiento. A pesar de lo complicado de la situación de la gran mayoría de los operadores de agua del país, la CFE les aumentó las tarifas haciendo más precaria su situación financiera. El Secretario de la SEMARNAT, ha identificado lo que él llama “infiernos ambientales” en varias cuencas y subcuencas, levantando la conciencia de la opinión pública sobre los impactos que esto tiene en la salud pública. Sin embargo, contrasta con esto que no cuenten con presupuesto ni con planes concretos para atender ni resolver vergonzosos hechos que la propia SEMARNAT denuncia.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que como dijimos, cumple hoy 20 años de existencia, es fundamental para conservar nuestros muy variados y valiosos ecosistemas y para proteger nuestra biodiversidad, sin embargo, está en una gran crisis de supervivencia. En el documento “Agenda de Medio Ambiente 2018-2024” que presentó en su campaña, Sr. Presidente, reconoció la importancia de las Áreas Naturales Protegidas como una “poderosa y extraordinaria herramienta para la conservación de la biodiversidad”. Ahora se está abandonando y desmantelando la institución que se ha construido con esfuerzo de dos décadas ininterrumpidas. La CONANP ha ido perdiendo presupuesto indispensable para su operación y, en estos últimos días, nuevos recortes prácticamente la han paralizado. Se ha reducido a su mínima expresión el programa de SINERGIA que la CONANP operaba con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Este programa sostiene a más de 250 profesionistas y técnicos que desarrollan en comunidades rurales, particularmente indígenas, proyectos de conservación y desarrollo comunitario, con visión integral de manejo de recursos naturales y enfoque de paisaje y adaptación al cambio climático. Estas plazas se van a perder. Se va a despedir a la gente porque no se dispone de ¡20 millones de pesos! que no fueron autorizados en el presupuesto de egresos de la Federación. Estos recursos no son nada frente a la importancia que tienen estas actividades en el campo y su impacto en la gente que vive en las Áreas Naturales Protegidas.

La CONABIO es otra institución que no solo está abandonada sino castigada. La CONABIO es ejemplo de generación y sistematización del conocimiento de la biodiversidad, básico para la toma de decisiones sobre las políticas ambientales nacionales, y es reconocida como la institución mundial más importante en su género; es un referente internacional. Además, es ejemplo de la aplicación de la investigación en el uso de nuestra diversidad biológica. A la CONABIO se le ha cortado el presupuesto poniendo su propia existencia en alto riesgo. La comunidad nacional e internacional está sumamente preocupada por su posible desaparición.

Somos el 4to país de mayor biodiversidad del planeta, todavía. Tenemos un marco legal sólido, millones de mexicanos queremos conservar nuestro patrimonio natural, pero sin instituciones sólidas y vigorosas no podremos lograrlo. No heredemos a los jóvenes un México con una naturaleza sucia y pobre e instituciones incapaces de responder a los retos que tenemos frente a nosotros.

Estamos convencidos que proteger el medio ambiente es fundamental para lograr el bienestar de la gente más vulnerable, la más pobre. En estos momentos de crisis sanitaria, con mayor razón, medio ambiente, sostenibilidad y combate al Cambio Climático deben ser complementarios y ser uno de los grandes ejes rectores para impulsar la recuperación económica, a través de un Plan Verde, enmarcado en la Agenda 2030 de nuestra gran nación.

Sr. Presidente, lo conminamos a darle prioridad al tema ambiental, la pérdida del patrimonio natural de México afectará a los más vulnerables y a los jóvenes, que son el futuro de México.

RESPETUOSAMENTE

COMPROMETIDOS CON MEXICO, SU GENTE Y SU MEDIO AMBIENTE

LISTA POR ORDEN ALFABETICO DE LOS FIRMANTES:

Antonio Azuela de la Cueva, Francisco Barnés Regueiro, José Ignacio Campillo García, Julia Carabias Lillo, Alberto Cárdenas Jiménez, José Cibrián Tovar, Javier de la Maza Elvira, Alejandro del Mazo Maza, Juan Rafael Elvira Quesada, Ernesto Enkerlin Hoeflich, Adrián Fernández Bremauntz, Luis Fueyo Mac Donald, Hernando Rodolfo Guerrero Cázares, Guillermo Haro Belchez, Víctor Lichtinger Waisman, Miguel Limón Rojas, Ignacio Loyola Vera, José Luis Luege Tamargo, Santiago Oñate Laborde, Enrique Provencio Durazo, Gabriel Quadri de la Torre, Manuel Agustín Reed Segovia, Sergio Reyes Lujan, Jorge Soberón Mainero